Tras haber salido a la luz hace unos días el reparto inicial de rastreadores para evitar la propagación de la Covid-19 hecho por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, se hizo público que la comunidad autónoma contaba con 496 rastreadores para evitar la propagación del coronavirus en su territorio, de lo que se deducía una media de un rastreador activo por cada 4.841 habitantes.

No obstante, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) denunciamos mediante varias preguntas registradas en las Cortes autonómicas que “la distribución de los rastreadores entre las provincias que conforman la comunidad autónoma dista mucho de ser equitativa en proporción a los habitantes que posee cada provincia, sin que la Consejería de Sanidad haya aclarado en base a qué criterios se ha realizado la distribución de rastreadores, con notables diferencias entre provincias, siendo especialmente perjudicada la provincia de Salamanca”.

Así, en estas preguntas señalábamos que “estas diferencias se traducen en que, si la Junta de Castilla y León ha fijado para Salamanca un rastreador de coronavirus por cada 9.195 habitantes, en Soria ha fijado uno por cada 2.400 habitantes y en Burgos uno por cada 3.325 habitantes, siendo precisamente Salamanca la provincia con peor ratio en este aspecto de toda la comunidad autónoma”.

De este hecho, desde UPL deducíamos que “dada la escasez de medios de rastreo proporcionados a Salamanca por la Junta de Castilla y León, esta sería la provincia peor preparada ante una posible segunda oleada de coronavirus, hecho para el que tampoco debe olvidarse que Salamanca es la provincia con la mayor lista de espera quirúrgica de la autonomía, así como una de las provincias en que menos test por habitante ha hecho la Junta, pese a haber sido una de las provincias más castigadas por el coronavirus en su primera oleada”.

Tras haber registrado desde Unión del Pueblo Leonés dichas preguntas en el parlamento autonómico, la Junta ha informado de la corrección del número de rastreadores designados a la provincia de Salamanca, atendiendo a la petición de corrección de la discriminación que denunciábamos desde UPL respecto a la provincia salmantina, que pasará a tener un rastreador por cada 3.678 habitantes, en vez de uno cada 9.195 habitantes como había proyectado inicialmente la Junta.